Una semana que muestra la complejidad de los asuntos del país y de sus ramificaciones en los países vecinos así como en la dimensión internacional.
Si bien el embajador William Brownfield baja el perfil del convenio militar con Colombia y el propio presidente Uribe anuncia que lo hará público en la semana, el asunto de las bases mantiene alerta a la región. No es para menos, si uno tiene en cuenta el currículo militar de las fuerzas estadounidense en el mundo durante la década: desde el apocalíptico bombardeo a Bagdad que remeció al mundo y quedó asociado al nombre del presidente Bush por sus falsos argumentos - a la interminable guerra al talibán y a Al Qaeda de Afganistán que ahora se desplaza a Pakistán en espera de la resolución del presidente Obama acerca de su destino. Todo un lustro marcados por transgresiones a los derechos humanos, de vuelos y cárceles secretas con un historial de torturas y escenas como las vistas en Abu Ghraib cuya documentación es ahora desarchivada por presión de ONGs de libertades civiles de Estados Unidos.
En vista de todo eso, la alerta regional se justifica porque significa una intensificación de la guerra en Colombia. El presidente Uribe asegura así y refuerza su decisión de aumentar la presión militar frente a unas FARC del pasado que se han transformado en una narco-guerrilla a la deriva en una era de democracias. Pero la estrategia de enfrentar al narcotráfico por la vía militar es discutible. En el caso de México ésta ha llevado a una escalada de violencia y crímenes sin igual que asombra al continente. La política de las bases en Colombia pareciera ser una versión distinta de la política de Estados Unidos que se observa en Tegucigalpa donde la misión del Departamento de Estado realiza un aporte decisivo para restaurar el estado de Derecho, la democracia y al presidente Manuel Zelaya no obstante las diferencias ideológicas del caso. La política militar del presidente Uribe tal vez explique la diferencia.
Las tensiones fronterizas han hecho noticia en la semana. No sólo la frontera venezolana, también la ecuatoriana. Con crímenes en el lado fronterizo venezolano y alertas de atentado de las FARC contra un juez ecuatoriano. La decisión del presidente Chávez de cerrar la frontera al comercio causa daño económico en medio de una crisis internacional y cuando todas las economías de la región aspiran a reponerse de la baja del comercio. Colombia, Chile, Brasil y Perú están entre las economías que según el FMI observarán una rápida reactivación. La pregunta es si Colombia podrá avanzar en el crecimiento económico simultáneamente con el estrés militar con sus vecinos sin arriesgar un conflicto mayor.
Por otro lado, Colombia se integra al grupo de países que acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como recientemente lo hizo también Chile . La CPI trata crímenes de guerra y probablemente trate el caso de los niños –soldados de las FARC. Su labor no es retroactiva pero cubre crímenes que no prescriben, como los casos de genocidios.
En su política interna, el presidente Uribe enfrenta una vez más a la Corte Suprema por el rechazo de ésta a su terna para la procuradoría. La Suprema declara inviables a los candidatos presentados por el presidente. Su aspiración a la reelección genera, inevitablemente, una situación de tensión entre las instituciones del país.
Investigarán los crímenes de guerra en Colombia enlace a rtve.es
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