RFI - México y Guatemala ante la delincuencia organizada
"La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, finalizó una visita de cuatro días en México donde criticó la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia. México sigue registrando sólidos picos de violencia. En los últimos 13 meses el crimen organizado ha ejecutado en México a más de 2.500 personas. La representante de la ONU interpeló también al gobierno mexicano a destinar recursos para profesionalizar y garantizar la integridad de las corporaciones policiales. El presidente Felipe Calderón, del conservador partido Acción Nacional, puso en marcha al inicio de su mandato en diciembre de 2006, una guerra contra el narcotráfico, con la que recurrió a las fuerzas armadas, tradicionalmente desligadas de las cuestiones internas. Ernesto López Portillo, presidente del Insyde, Instituto para la seguridad y la Democracia, hizo para RFI el retrato de los tipos de violencia que desestabilizan a México."(RFI)
Entrevistada por Carmen Aristegui, en CNN, Louise Arbour señaló que la misión de la institución en México será de complementación con aquella del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Llamó también la atención acerca de los derechos de la población indígena. En cuanto a la utilización del ejercito para tareas anti-crimen organizado - planteó la vigencia de que los detenidos deben ser juzgados por un juez . Observó también la diferencia entre la labor de una policía especializada que en los operativos urbanos formada para evitar daños a terceros al realizar detenciones; y la acción de un ejercito que equipado para otro tipo de situación está más bien entrenada para eliminar enemigos.
Lo que uno se puede preguntar al final es si la intervención del ejercito aumenta o disminuye la violencia.
Entrevistada por Carmen Aristegui, en CNN, Louise Arbour señaló que la misión de la institución en México será de complementación con aquella del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Llamó también la atención acerca de los derechos de la población indígena. En cuanto a la utilización del ejercito para tareas anti-crimen organizado - planteó la vigencia de que los detenidos deben ser juzgados por un juez . Observó también la diferencia entre la labor de una policía especializada que en los operativos urbanos formada para evitar daños a terceros al realizar detenciones; y la acción de un ejercito que equipado para otro tipo de situación está más bien entrenada para eliminar enemigos.
Lo que uno se puede preguntar al final es si la intervención del ejercito aumenta o disminuye la violencia.
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