Fuente: Página Web Embajada de Estados Unidos en Chile.
Es un verdadero honor para mí presentarme hoy ante el Consejo Permanente como secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos para hablar en nombre de mi gobierno sobre la situación en Honduras. Si sus excelencias me lo permiten, me gustaría mencionar dos amplios puntos antes de dar comienzo a mi discurso. Les agradezco al presidente Barack Obama y a la secretaria de Estado Hillary Clinton la confianza que han depositado en mí. Mi vocación de por vida ha sido el mundo académico. Cuando comencé casi por accidente en el Departamento de Estado en la primera administración de Clinton, lo hice porque la Guerra Fría había terminado; nos encontrábamos ante un mundo nuevo y más prometedor en el que esperábamos que las grandes divisiones del pasado se pusieran de lado en favor de un proyecto de mayor colaboración, que cruzara las fronteras nacionales para crear un mundo más justo y mejor.
Regreso a prestar servicio en esta administración porque tengo fe en que ese continúe siendo nuestro objetivo cardinal, a pesar de los problemáticos desafíos del siglo XXI. Como el presidente Obama dejó claro en Trinidad y Tobago, Estados Unidos intenta forjar una nueva y genuina alianza con todos los países de las Américas basada en nuestras historias y valores en común. Una alianza basada en el respeto y la confianza mutuos y en la consulta verdadera cuyo propósito es buscar maneras de crear un futuro mejor y mejorar las condiciones para los pueblos de las Américas.
En las últimas dos décadas desde que finalizó el amargo capítulo de regímenes autoritarios y conflictos civiles abiertos en varios países, se ha hecho mucho progreso en las Américas. Sin embargo, todavía hay grandes desafíos. Nuestro diálogo y compromiso para trabajar juntos deben estar fundamentados en el hecho de que nos enfrentamos a desafíos comunes: superar la pobreza y la desigualdad, fortalecer las instituciones de gobierno, proporcionar protección y seguridad a nuestros pueblos, aumentar la competitividad de nuestras sociedades en un mundo en constante evolución, y fortalecer nuestras instituciones multilaterales, incluyendo los mecanismos de defensa colectiva de la democracia que se contemplan en la Carta democrática de esta organización.
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Quisiera subrayar que entiendo muy bien que este diálogo y esta tupida agenda que tenemos por delante no pueden estar exentos de un reconocimiento de las a veces difíciles relaciones históricas entre los Estados Unidos y muchos países del continente americano. Entendemos que en otras épocas a menudo la política exterior del país se guiaba en función de grandes intereses económicos. O que durante la guerra fría el imperativo de seguridad nacional conllevó a que la política exterior estadounidense privilegiara el orden y la seguridad por encima de la consolidación de democracias más justas y representativas. No se puede tener un diálogo genuino si no asumimos nuestras historias.
Es un honor para mí, Señor Presidente, estar aquí en este salón histórico. Al celebrar el centenario de la fundación de la Unión Panamericana debemos enorgullecernos de este logro. Las repúblicas de las Américas crearon la primera organización regional del mundo, sentando así un precedente para las futuras asociaciones internacionales y contribuyendo a la evolución del derecho internacional. Esta iniciativa fue el fruto de una empresa colectiva. Cuando se crearon las Naciones Unidas, los países miembros de América Latina insistieron en que la OEA fuera reconocida como una organización regional propiamente constituida bajo la Carta de las Naciones Unidas.
La historia de la OEA ha tenido sus momentos tristes, pero también sus momentos de grandeza. Algunas de sus instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos, han demostrado ser instrumentos eficaces para fomentar y proteger valores esenciales. En fechas más recientes, la adopción de la Carta Democrática Interamericana como manifestación del compromiso de los países del hemisferio para afirmar y defender la democracia ha sido uno de los logros más significativos de la OEA. El origen de la Carta Democrática Interamericana radica en la resolución 1080 adoptada en Santiago, Chile, en 1991 y el documento surgió del consenso firme respecto a que las frecuentes interrupciones de los procedimientos democráticos constitucionales de los países tenían que convertirse en cosa del pasado.
Lo que nos jugamos en Honduras es nada menos que la credibilidad de la OEA y de sus miembros en cuanto a mantenerse fieles al llamamiento a la defensa colectiva de la democracia consagrado en la Carta. Estados Unidos, junto con el resto de los estados miembros, emitió un veredicto unánime al considerar que el presidente debidamente elegido en Honduras, que se encontraba al final de su mandato, fue derrocado de su cargo en un golpe de estado. No hay otra palabra que describa el abrupto y forzado exilio de un jefe de Estado. Lo que es más, si se alega que cualquier ciudadano, incluyendo a un jefe de Estado, ha transgredido la ley, el exilio forzado sin el proceso de derecho debido es una violación de uno de los principios fundamentales de la gobernabilidad democrática cuyos orígenes llegaron hasta nosotros desde la Carta Magna de 1215. Cuando el gobierno de facto se negó a retornar al presidente Zelaya a su cargo, Estados Unidos formó parte de la determinación unánime de que Honduras debía ser suspendido como miembro de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo que estipula la Carta Democrática Interamericana.
Esta acción refleja la convicción de todos los estados miembros de que un golpe de Estado o una seria perturbación del orden democrático en un estado miembro podría sentar un precedente perjudicial que correría el riesgo de retornar un modelo político pretoriano que ha probado ser tan dañino para la consolidación de las instituciones democráticas de las Américas.
La Organización de los Estados Americanos y los gobiernos individuales han trabajado arduamente para asistir a Honduras a que encuentre una vía para la reconciliación nacional y el restablecimiento del orden democrático y constitucional, incluyendo la restitución del presidente Zelaya. Este ha sido un proceso continuo en el que ha habido diferentes iniciativas, notablemente las contribuciones extraordinarias del presidente de Costa Rica Oscar Arias, que al trabajar junto con los funcionarios de la Organización de los Estados Americanos propuso el Acuerdo de San José que inicialmente ambas partes aceptaron. Lamentamos que las autoridades de facto en Honduras no estuvieran dispuestas a firmar el acuerdo, lo que ofreció la apariencia de que estaban interesadas en ganar tiempo.
El acuerdo que se firmó finalmente el 30 de octubre en Tegucigalpa, y al que se dio el nuevo nombre de Acuerdos de Tegucigalpa y San José para reconocer el trabajo y los esfuerzos de Arias y la OEA, es un logro significativo del que podemos estar orgullosos. Establece un marco para la resolución de la crisis con cuatro elementos clave: la formación bajo los auspicios de la OEA de una Comisión Internacional de Verificación, la creación de un gobierno interino de unidad nacional, la creación de una Comisión de la Verdad y la votación del congreso hondureño en cuanto a si el presidente Zelaya debe o no reincorporarse al cargo antes de que finalice su mandato constitucional. Es indispensable destacar que ambas partes, tanto las autoridades de facto como el presidente Zelaya, se comprometieron a estas condiciones como la mejor manera de resolver la crisis. Aunque lamentamos el retraso en la formación del gobierno de unidad nacional, quiero felicitar a la OEA y a la Comisión de Verificación por su trabajo incansable en continuar intentando que los acuerdos se apliquen.
Nos complace que Roberto Micheletti haya abierto un espacio prometedor para el compromiso, al declarar que piensa retirarse como líder del gobierno de facto, tomando licencia para facilitar lo que él mismo caracterizó de “un período de reflexión nacional”. Acogemos con beneplácito ese paso e instamos a que facilite la formación expedita de una autoridad de gobierno de “unidad nacional” tal como lo estipula el acuerdo del 30 de octubre, una autoridad que pueda inspirar confianza en todos los sectores de la sociedad hondureña.
Permítame que comente acerca de las elecciones por realizarse en Honduras. Es importante considerar esta elección en su contexto apropiado. Éste es un proceso electoral que se atiene al calendario electoral normal que estipula la Constitución hondureña, y había estado en camino varios meses antes del golpe. Las primarias se efectuaron con altos niveles de participación de votantes, los candidatos renunciaron de otros puestos de acuerdo con la ley hondureña para postularse para la presidencia, y las autoridades electorales del país emprendieron preparativos extensos, entre ellos comisionar la observación internacional. A pesar de las difíciles circunstancias, candidatos de todo el amplio espectro ideológico y político de Honduras –Felícito Ávila, César Ham, Pepe Lobo, Bernard Martínez y Elvin Santos– han participado en una enérgica campaña para ser el próximo presidente de Honduras. Sus campañas han de concluir mañana.
A pesar de la crisis profunda que interrumpió las bases legales del orden democrático en Honduras, ese orden podrá ser mejor restaurado en Honduras cuando todos los principales actores políticos convengan en un principio fundamental. Ese principio es que ninguna autoridad del gobierno puede considerarse legítima si el pueblo soberano no le ha otorgado el derecho de gobernar. Sin embargo, el pueblo soberano sólo puede manifestar su voluntad si las elecciones son libres, justas, pacíficas y fidedignas.
Quiero subrayar que ésta no fue una elección inventada por un gobierno de facto en busca de una estrategia de salida, ni como medio de esconder un golpe de estado. Al contrario, es una elección acorde con la renovación constitucionalmente dispuesta de los mandatos congresional y presidencial que permite que el pueblo hondureño ejerza su voluntad soberana.
No obstante, sí nos preocupan los informes de violaciones de derechos humanos y esfuerzos deliberados de incitar a la violencia y el enfrentamiento en ambos lados políticos de Honduras y que podrían afectar el proceso electoral. Para que la voluntad popular se pueda expresar claramente, las elecciones deben realizarse en un entorno que permita a los candidatos –a todos– hacer campaña en un ambiente de paz y seguridad. Deben poder presentar sus puntos de vista libremente. Y el día de las elecciones, los votantes deben poder emitir su voto en un ambiente de orden y sin intimidación, con la certeza plena de que sus votos serán contados imparcialmente. Recurriremos a los observadores internacionales de la sociedad civil y a nuestros propios observadores para determinar si las elecciones han cumplido con las normas internacionales.
Permítanme ser muy claro, sin embargo, que si bien una elección realizada de manera compatible con las normas internacionales es una condición necesaria para que Honduras vuelva a ser miembro de la Organización de los Estados Americanos, no es una condición suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que eso ocurra, las partes en Honduras deben aplicar plenamente los Acuerdos de Tegucigalpa y San José. Esto significa que se ha de constituir un gobierno de unidad nacional que represente a todos los sectores de la sociedad y del Congreso. A su vez, el Congreso hondureño debe votar con toda prontitud en cuanto a la cuestión de la restitución del presidente Zelaya.
El acuerdo contempla también otros elementos cruciales. La OEA debe reforzar la Comisión de Verificación para darle las herramientas necesarias para que informe cabalmente a este organismo en lo que respecta a hasta qué grado las partes en Honduras ha cumplido con sus compromisos. Al mismo tiempo, el acuerdo propone el establecimiento de una Comisión de la Verdad para investigar las circunstancias que derivaron en la disolución del orden institucional en Honduras y proporcionar ayuda en lo que los líderes del país deben hacer para fortalecer las instituciones, reglas y procedimientos democráticos y las prácticas constitucionales.
Este ha sido un momento difícil para el pueblo de Honduras. Confiamos en que los líderes del país se apresten a enfrentar los desafíos que este momento crítico en la historia ha colocado sobre sus hombros. Es hora de que dejen de lado las disputas amargas y se unan en la necesidad de recrear el orden democrático del país y establecer las bases del civismo, a la vez que emprenden la tarea de atender los graves desafíos sociales y económicos que el pueblo de Honduras enfrenta.
Espero con interés trabajar con todos ustedes y con los países de las Américas para ayudar a Honduras a resolver esta crisis de manera tal que el pueblo hondureño pueda recorrer un camino llano, pacífico y oportuno, a la vez que se deja bien sentado, sin vacilaciones, que la interrupción del orden democrático y constitucional en un país miembro es inaceptable a la luz de nuestros valores comunes como los expresa la Carta Democrática. Por último, espero trabajar con todos ustedes en este recinto y con los países que ustedes representan para avanzar nuestra agenda común en lo que espero que sea una nueva era de cooperación con respeto mutuo.
